La lectura como derecho público cultural

El problema general de lectura como derecho público cultural y la comprensión lectora, hablando del área de los hispanoparlantes, desborda el aspecto económico y educacional: es, ante todo, un problema cultural y, por ende, un problema nacional. No es competencia de una u otra clase social, es un asunto de toda la nacionalidad. La lectura como derecho público cultural es un tema vinculado al asunto comprensión lectora y estrategias de lectura.

La práctica de la lectura y de la comprensión lectora es un asunto que se ubica dentro de la categoría de derecho público cultural, nacional e internacional. Concreción de este derecho serían los diferentes sistemas científicos y tecnológicos de información: Las bibliotecas públicas, los Centros de información, los Bancos de datos y las bibliotecas universitarias.

¿Hasta dónde en América latina se ha ganado la práctica de la lectura como derecho publico cultural?

Una visión del panorama nacional e internacional, al respecto, nos obliga a señalar que el estado de los centros públicos de documentación, lectura e información es aún precario. La pobreza de las bibliotecas públicas nacionales y regionales no corresponde a la riqueza en todos los aspectos que comportan nuestras naciones, nuestros países. Esto es notorio en las Bibliotecas Públicas Nacionales, las que a pesar de sus años y esfuerzos recientes no han logrado hacer méritos a su nombre.

Las demás bibliotecas públicas que existen, no han podido convertirse en centro reales de investigación y estudio: Su fondo bibliográfico está desactualizado y no corresponden, al avance de la ciencia, la técnica o la producción  artística y literaria; los servicios de almacenamiento, procesamiento y diseminación de la información en estos centros, son atrasados para ser eficaces.

La incorporación al proceso de Revolución Científica y Técnica, al ámbito informático y cibernético en cuanto al sistema de documentación e información es aún incipiente.

La culpa de lo anterior no estriba, indudablemente, en quienes están a su servicio. Es en las políticas de estado en donde hay que buscar la explicación a esta situación. Es en el Estado que las somete a una asfixia económica irreverente, a un exiguo presupuesto que no les permite una mínima independencia económica y la más elemental solvencia para brindar verdaderos servicios.

No muy lejos del estado en que se encuentran las bibliotecas públicas se hallan las bibliotecas universitarias. Sin embargo, esa distancia hay que considerarla.

La biblioteca universitaria, digamos en América Latina, asume un carácter más orgánico, más vivo. Sus usuarios son más numerosos; su material más reciente y abundante: su acción tiene las posibilidades de una planeación y una financiación futura.

Las bibliotecas de las universidades públicas, tienden a constituirse en ínsulas de solución parcial frente al problema de la ausencia de centros de documentación en la enseñanza media y universitaria privada. En esta última, el problema de documentación se agrava por cuanto, generalmente, tienden a dar soluciones formales en donde la biblioteca es una entidad desarticulada, desprovista de recursos mínimos, materiales y humanos y hechas, simplemente, como un atiborrado muestrario para las consabidas visitas de aprobación de estudios.

Pensados en estos términos los obstáculos para una práctica nacional de lectura metódica, no cabe duda que se llega a la conclusión de una crisis determinada por condiciones objetivas de nuestros países, de nuestras nacionalidades y, claro está, de nuestra cultura.

Los intelectuales, en todas sus variedades, deben luchar por sus reivindicaciones, por el derecho a la libre circulación de las ideas, por el derecho a la información gratuita y pública. Esto es, reconocer la lectura como un derecho público cultural.