Se entiende que la gratuidad y el acceso masivo a la universidad es consustancial con el derecho a la autonomía universitaria. Este derecho es afectado en América Latina por proceso de privatización de la educación y desfinanciación provenientes de proyectos neoliberales o neofascistas.
La idea de gratuidad inicia su aplicación en Argentina, en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, 1949. Mediante decreto el entonces presidente comprometió al Estado a dotar a las universidades de los recursos financieros para ello.
A manera de ejemplo, países como Uruguay, Cuba y Venezuela establecieron condiciones para la práctica de este derecho. En el caso de México se adapta el principio pero permitiendo que la educación privada constituya el 50 por ciento del sistema. Es también el caso del Brasil donde la educación privada universitaria llega a ser el 70 por ciento del sistema.
La otra variante a la gratuidad de la educación superior es el sistema de becas impulsado desde Europa y adoptado por países como Colombia y a ejemplo de Estados Unidos.
La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981. A partir de ese año, la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990, favoreció tendencialmente la educación privada otorgándole todas las licencias, particularmente, a la educación religiosa. Esta se incrementó de tal forma, llegando a tener libertad para establecer el costo de la matrícula.
En la actualidad y a partir del segundo mandato de Bachelet, en 2016, se restablece el principio de gratuidad solo que le principal requisito es pertenecer al 50% de la población con menos recursos, o sea, aquella que ingresa unos 250 dólares por persona.
En Uruguay, el golpe de estado y el establecimiento de la dictadura en 1973, también, incidieron en la vida universitaria y en el derecho a la gratuidad. Está se negó y se restringió.
En la actualidad en la educación de este país la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad son principios legales desde 1986.
En Paraguay en septiembre de 2020, previa presión del movimiento estudiantil, especialmente, la denominada Corriente Estudiantil Democrática, sancionó la Ley n° 6628 Que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente, […] crea el fondo nacional de inversión pública y desarrollo (fonacide) y el fondo para la excelencia de la educación y la investigación.
En Perú el artículo 17 de Constitución reconoce que los niveles educativos de primaria y secundaria son obligatorios y que en las instituciones del Estado la enseñanza es gratuita. Asimismo, que en las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente, siempre y cuando los estudiantes mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos para cubrir los costos.
En Ecuador, desde 2008, con la llegada de la Revolución ciudadana, la Constitución aplicó el artículo 28 que caracteriza la educación como universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel superior inclusive.
Como se dice por ahí, en estos países se puede aplicar el dicho que dice que siempre hay un trecho entre el dicho y el hecho. Más tratándose de la letra de la Constitución y la práctica política de las clases antipopulares en el poder.
